Libertad Digital
-Investigación de la Fiscalía revela irregularidades en la adjudicación a Sulambiente S.A. de C.V., vinculada a redes empresariales cuestionadas.
En medio de un escándalo de corrupción que sacude las estructuras municipales de San Pedro Sula, la Fiscalía ha anunciado una investigación exhaustiva sobre el contrato de recolección de basura, barrido de calles y manejo de desechos sólidos otorgado a la empresa mercantil Sulambiente S.A. de C.V. Esta decisión se desprende tras la investigación realizada en esta semana, que reveló una red empresarial vinculada a Sulambiente y su relación con la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula.
El contrato en cuestión, con una duración de 14 años, fue concedido de manera controvertida durante la gestión del exalcalde Roberto Larios. A pesar de las circunstancias irregulares que rodean la constitución de Sulambiente en octubre de 2001, la empresa fue favorecida con la adjudicación para encargarse de la recolección y tratamiento de desechos en la segunda ciudad más poblada de Honduras.
Sin embargo, lo más alarmante es el entramado de influencias y relaciones comerciales que rodea este contrato. Se destaca el papel del exalcalde del Distrito Central, Nasry Asfura, quien, entre 2005 y 2016, fue el principal accionista de AGAC de Centroamérica S.A. de C.V., una empresa que tuvo un rol crucial en el proceso de adjudicación a Sulambiente.
La licitación pública internacional, que debía garantizar la transparencia y la competencia justa, se vio empañada por la participación de Sulambiente, una empresa que ni siquiera estaba constituida en el momento de la licitación. A pesar de la impugnación de otras empresas, también empresas internacionales tales como la chilena RESITER-EMCE, que cuestionaron la validez del proceso al ser adjudicado a una empresa no existente en el momento de la licitación, Sulambiente logró obtener el contrato.
Este caso no solo pone en entredicho la legalidad y la transparencia de la gestión municipal, sino que también destapa la red de corrupción y favoritismo que ha permeado la adjudicación de contratos públicos en la ciudad. La ciudadanía de San Pedro Sula espera que la investigación de la Fiscalía arroje luz sobre estas prácticas cuestionables y se tomen medidas enérgicas contra aquellos responsables de vulnerar la confianza y los recursos públicos utilizando cargos públicos como el del alcalde para favorecer a redes empresariales de dudosa procedencia.
