La discusión sobre privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica suele presentarse únicamente desde la lógica financiera: pérdidas, deuda, ineficiencia y despilfarro. Pero reducir el debate a números es ignorar el verdadero fondo del problema. La energía eléctrica no es simplemente un negocio, es un elemento básico para garantizar condiciones mínimas de dignidad y desarrollo en una sociedad.
El Estado existe, entre muchas otras cosas, para asegurar derechos esenciales a la población. Y aunque la ENEE represente una pesada carga económica para Honduras, precisamente para eso existen los impuestos: para sostener servicios que no siempre pueden medirse bajo la lógica de rentabilidad privada. Porque cuando todo se convierte en mercancía, lo que antes era un derecho termina transformándose en privilegio.
Privatizar la energía no resolvería automáticamente las desigualdades del país; por el contrario, podría profundizarlas. Lo que hoy parece cotidiano —encender un foco, conservar alimentos en un refrigerador, estudiar de noche o simplemente soportar el calor con un ventilador— podría terminar condicionado exclusivamente por la capacidad de pago de cada familia. Y en un país marcado por enormes brechas sociales, eso significa condenar a miles de personas a vivir todavía más al margen.
Poco se habla también de la gigantesca inversión pública que durante décadas levantó la infraestructura eléctrica nacional. Las redes de distribución, subestaciones, represas y tendidos eléctricos no aparecieron por generación espontánea; fueron construidos con recursos del pueblo hondureño. Incluso con todas las deficiencias administrativas y técnicas, existe hoy una red eléctrica tangible gracias al dinero público invertido por generaciones.
Resulta llamativo que muchos de los sectores empresariales que promueven la privatización no estuvieran presentes cuando había que asumir riesgos, construir infraestructura o sostener pérdidas durante décadas. Sin embargo, ahora que el sistema ya existe, aparecen interesados en adquirir activos estratégicos bajo el argumento de una supuesta quiebra, como si se tratara de simple chatarra sin valor. Pero saben perfectamente que no lo es.
En Honduras pareciera que las ganancias deben privatizarse, mientras las pérdidas siempre terminan socializándose. Se deja deteriorar una institución pública hasta volverla inviable, para luego justificar su venta a precios mínimos y convertir un patrimonio colectivo en fuente de enriquecimiento para unos pocos.
La ENEE necesita transformaciones profundas, transparencia, combate a la corrupción y modernización técnica. Eso es evidente. Pero reformar no necesariamente significa entregar. Porque el verdadero debate no es únicamente económico: es decidir qué tipo de país queremos construir y si todavía creemos que ciertos servicios básicos deben pertenecer a toda la sociedad y no solamente a quienes puedan pagarlos.
