BRASIL NO ES EL PATIO TRASERO DE WASHINGTON: LULA FRENA A TRUMP Y SACUDE EL PODER EN AMÉRICA LATINA

EDITORIAL DE OPINIÓN | 26 DE OCTUBRE DE 2026

Washington no decide el destino de Brasil. Y esa es la contundente lección política que dejan las urnas brasileñas. En un continente donde la derecha alineada con Donald Trump venía acumulando victorias, Luiz Inácio Lula da Silva ha frenado su avance en la mayor potencia sudamericana y ha enviado un mensaje que trasciende fronteras: la soberanía de una nación no se negocia bajo amenazas, ni su destino puede quedar subordinado a los intereses de una potencia extranjera.

Con el 51.79 % de los votos frente al 48.21 % de Flávio Bolsonaro, Lula conquista su cuarto mandato presidencial y altera el equilibrio geopolítico de América Latina. Su victoria no solamente derrota al bolsonarismo; impide que Washington incorpore a Brasil a un bloque continental de gobiernos ideológicamente cercanos a la Casa Blanca, en momentos en que Estados Unidos disputa con China el control de mercados, tecnologías y recursos estratégicos.

Trump no estaba en la papeleta electoral, pero su proyecto de expansión política regional recibió un revés estratégico. Brasil demostró que ni su peso económico ni sus decisiones soberanas pueden darse por conquistados desde Washington.

Para comprender el alcance de este resultado es necesario recordar que la dependencia latinoamericana no surgió por casualidad. Durante décadas fue alimentada por intervenciones extranjeras, operaciones encubiertas, presiones económicas y la complicidad de sectores nacionales que antepusieron sus privilegios a la soberanía de sus pueblos.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos convirtió la lucha contra el comunismo en el fundamento de una política de seguridad hemisférica que subordinó con frecuencia la autodeterminación latinoamericana a los intereses de Washington. La estrategia combinó desestabilización económica, financiamiento clandestino de organizaciones opositoras, manipulación informativa, guerra psicológica, penetración de aparatos de inteligencia, entrenamiento contrainsurgente y respaldo a sectores militares dispuestos a quebrantar el orden constitucional.

Guatemala en 1954, Brasil en 1964 y Chile en 1973 son ejemplos centrales de esa política. La Operación PBSUCCESS contra Jacobo Árbenz, el respaldo estadounidense a los militares que derrocaron a João Goulart y las operaciones clandestinas contra Salvador Allende muestran cómo la defensa de intereses estratégicos llegó a imponerse sobre el respeto a gobiernos constitucionales.

La Operación Cóndor llevó esa lógica a una dimensión aún más siniestra. Varias dictaduras sudamericanas coordinaron sus aparatos de inteligencia para perseguir, secuestrar y asesinar opositores políticos incluso fuera de sus fronteras, en un contexto internacional en el que Washington conocía los mecanismos represivos de sus aliados.

En nombre de la libertad se respaldaron dictaduras. En nombre de la democracia se desestabilizaron gobiernos elegidos por sus pueblos. Y en nombre de la seguridad se cometieron atrocidades contra generaciones enteras de latinoamericanos.

Honduras conoce especialmente bien esa historia. Durante los años ochenta, su territorio fue utilizado como plataforma estratégica de las operaciones estadounidenses contra Nicaragua. La CIA estableció bases de apoyo a la Contra, mientras la militarización regional coincidía con la actuación de estructuras represivas como el Batallón 3-16, responsable de desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos.

El resultado fue una combinación de instituciones debilitadas, impunidad, heridas sociales y soberanía condicionada por intereses externos y complicidades internas. Esa experiencia dejó una advertencia que sigue vigente: la independencia formal pierde sentido cuando las decisiones fundamentales sobre la seguridad y el destino de una nación se toman fuera de sus fronteras.

Las presiones actuales no son equivalentes a los golpes militares de la Guerra Fría, pero tampoco carecen de dimensión política. Las sanciones estadounidenses contra autoridades brasileñas y los aranceles impuestos en 2025, en medio del conflicto judicial relacionado con Jair Bolsonaro, demostraron que el poder económico continúa utilizándose como instrumento de confrontación internacional.

La pregunta de fondo permanece: ¿hasta cuándo deberá América Latina justificar ante Washington su derecho a gobernarse a sí misma?

El contexto mundial, sin embargo, ha cambiado. Estados Unidos ya no concentra sin competencia los principales instrumentos del poder global. China se ha consolidado como potencia industrial, tecnológica y comercial, mientras los BRICS buscan ampliar los márgenes de maniobra de los países emergentes dentro de un orden internacional más multipolar.

Brasil ocupa una posición central en esa transformación. Sus reservas de tierras raras, su riqueza energética, su capacidad agrícola e industrial y su influencia dentro de los BRICS lo convierten en un actor estratégico en la competencia entre Washington y Pekín.

Estados Unidos necesita diversificar el suministro de minerales críticos para reducir su dependencia de cadenas de procesamiento dominadas por China. Brasil posee recursos relevantes para esa industria y, al mismo tiempo, mantiene con Pekín una relación comercial de enorme importancia. Por ello, lo que está en juego trasciende una elección presidencial: es la capacidad de Brasil para decidir quién explota sus riquezas, quién transforma sus minerales, con quién comercia y bajo qué condiciones se incorpora a la economía del futuro.

La continuidad de Lula preserva una política exterior orientada a diversificar alianzas, fortalecer los BRICS y defender la autonomía brasileña frente a las grandes potencias. Eso no implica sustituir la dependencia de Washington por una subordinación a Pekín. Repetir ese esquema solo cambiaría el nombre del centro de poder.

La multipolaridad tiene sentido si termina con la idea de que nuestros países necesitan un amo. América Latina no necesita cambiar de dueño: necesita dejar de ser tratada como propiedad de otros.

En el plano político, la victoria de Lula interrumpe la sucesión de triunfos conservadores que había fortalecido a los aliados regionales de Trump. No elimina a la derecha ni resuelve las profundas divisiones internas de Brasil, pero demuestra que su avance no es inevitable y abre espacio para reconstruir un proyecto progresista continental.

Brasil y México, las dos mayores economías latinoamericanas, tienen una posición decisiva para impulsar esa posibilidad. Sin embargo, la integración regional no puede limitarse a declaraciones presidenciales. Debe traducirse en cooperación industrial, soberanía energética, desarrollo tecnológico, comercio intrarregional y defensa conjunta de los recursos estratégicos.

Una América Latina fragmentada negocia desde la vulnerabilidad. Una región articulada puede defender con mayor fuerza los intereses de sus pueblos y establecer relaciones más equilibradas con Estados Unidos, China y las demás potencias.

La reconstrucción de la izquierda latinoamericana tendrá verdadero significado histórico si logra transformar la soberanía de una consigna política en un proyecto económico y geopolítico compartido.

Ese desafío exige superar tanto la subordinación histórica a Washington como la tentación de depender de cualquier otro centro de poder. La región necesita una política exterior basada en el respeto, la reciprocidad y la igualdad soberana.

Lula no ha terminado con la influencia de Estados Unidos ni ha construido por sí solo un nuevo orden mundial. Pero su victoria mantiene un contrapeso fundamental en Sudamérica, fortalece las posibilidades de un mundo multipolar y conserva abierta la oportunidad de reconstruir la integración latinoamericana.

La elección brasileña vuelve a colocar en el centro una verdad que las potencias y nuestras propias élites no deberían olvidar: la independencia de nuestros pueblos no puede depender de la aprobación de gobiernos extranjeros. La cooperación no puede exigir obediencia, el comercio no puede convertirse en chantaje y ninguna relación internacional puede justificar que una nación renuncie al derecho de decidir su propio destino.

Después de generaciones marcadas por intervenciones, dictaduras, operaciones clandestinas y dependencia económica, América Latina tiene la responsabilidad histórica de dejar de administrar las consecuencias de su subordinación y comenzar a construir las condiciones de su verdadera independencia.

BRASIL DEMOSTRÓ SER DEMASIADO GRANDE PARA SER EL PATIO TRASERO DE ESTADOS UNIDOS. PERO LA LECCIÓN VA MUCHO MÁS ALLÁ DEL TAMAÑO DE UN PAÍS: NINGUNA NACIÓN ES DEMASIADO PEQUEÑA PARA TENER DIGNIDAD, NI NINGUNA POTENCIA ES TAN GRANDE COMO PARA ARROGARSE EL DERECHO DE GOBERNAR EL DESTINO DE OTROS PUEBLOS.

La soberanía no se pide como favor. Se ejerce como derecho.